El Senado español aprueba este miércoles más de 50 enmiendas al Proyecto de Ley de Atención al Cliente, utilizando la mayoría absoluta del Partido Popular (PP). El cambio más significativo: las empresas solo deberán atender en lenguas cooficiales si tienen sede o delegación en la comunidad autónoma correspondiente. Fuera de ese territorio, solo el castellano será obligatorio. La ley vuelve ahora al Congreso, que deberá aprobar las modificaciones o revertir al texto original.
La enmienda del PP establece: «Existirá la obligación de prestar atención al cliente en las lenguas cooficiales exclusivamente para las empresas, que tengan su sede, establecimiento, delegación o centro de prestación de servicios situado en el territorio de la comunidad autónoma en la que dicha lengua tenga carácter oficial. Fuera de dicho ámbito territorial, las empresas únicamente estarán obligadas a garantizar la atención en castellano». Además, se elimina la obligación de formar a trabajadores en lenguas cooficiales.
Otros cambios al proyecto de ley
El Senado también modificó el plazo máximo de respuesta para consultas y reclamaciones: aumenta de 15 a 30 días hábiles. El texto cambia la terminología de "clientela" a "cliente" y sustituye "personas consumidoras vulnerables" por "consumidores en situación de vulnerabilidad". La atención personalizada deberá garantizar que el 90% de las solicitudes sean atendidas en menos de tres minutos de media anual.
El servicio electrónico de atención al cliente tendrá un mínimo de 8 horas en días laborables, reemplazando la exigencia anterior de disponibilidad 24/7. Los requisitos para empresas privadas se extienden ahora también a la Administración General del Estado y sus entidades.
Reacciones políticas divididas
El senador Fernando Carbonell (Vox) defendió un veto total a la ley durante el debate de este miércoles: «El Gobierno ha convertido esta ley en un vehículo de concesiones políticas cargado de ideología y de imposiciones lingüísticas que nada tienen que ver con mejorar la vida de los consumidores». Criticó «la utilización partidista de las lenguas cooficiales» y un «modelo que penaliza».
Carmen Riolobos (PP) afirmó que «esta ley ha evolucionado a peor». Explicó: «Empezó siendo la Ley de Atención al Cliente en el año 2011 del PSOE. Pasó a ser la Ley de Atención a la Clientela de Podemos en el año 2023 y ahora parece ser que va a ser la ley de lenguas cooficiales o también la ley de la Torre de Babel del 2025». Vinculó los cambios a «el pago que tiene que hacer el señor Sánchez para mantenerse de forma indigna en el sillón de la Moncloa».
Inmaculada Hernández (PP) defendió «la riqueza que existe en España con la diversidad de lenguas cooficiales», pero calificó de «auténtico disparate imponer a las empresas de todo el territorio nacional obligaciones imposibles como contestar en cualquier lengua cooficial».
Oposición a las modificaciones
Lirio Martín, portavoz del PSOE, acusó a Vox y PP de «falta de conocimiento absoluto de lo que son las relaciones en el ámbito del derecho de consumo». Defendió que las obligaciones «tienen que ser obligatorias para garantizar la adecuada protección» y criticó el paso de «un lenguaje inclusivo en el texto que proviene del Congreso a un lenguaje excluyente».
Francesc Ten (Junts) argumentó que la ley niega derechos lingüísticos a «20 millones de ciudadanos» en comunidades con lenguas cooficiales. Preguntó: «Al 40% de los ciudadanos se nos niegan los derechos lingüísticos. Yo les pregunto, señorías de Vox y también del PP, ¿los derechos lingüísticos no son derechos de los consumidores?» Afirmó que el proyecto «nació mal en el Consejo de Ministros, era recentralizadora, no era respetuosa con el uso del catalán y el del resto de lenguas oficiales del Estado».
Nerea Ahedo (PNV) expresó su esperanza de que «esto se subsane en el Congreso y que sea una realidad que cada cual pueda ser atendido y pueda ser respondido en su propia lengua: el euskera, gallego o catalán».
Carla Antonelli (Más Madrid) calificó el veto de Vox como «ideológico», señalando que es una «ley que ayuda al bien común» y «saca de la vulnerabilidad» a consumidores. Carme da Silva (BNG) consideró que la ley original «quedó corta» y que las enmiendas del PP atacan derechos lingüísticos y feministas «importantes y largamente reclamados».
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
