El presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antonio Costas, ha presentado este martes en València un informe que pide una regularización «más acelerada y más intensa» para las aproximadamente 800.000 personas en situación administrativa irregular. El documento destaca que la inmigración es «esencial» para sostener el crecimiento económico, el empleo y las pensiones de España, pero advierte de la necesidad de aumentar los servicios públicos para evitar rechazos sociales.
España se ha convertido en el cuarto país del mundo en migración. El país ha pasado de «prácticamente de cero inmigrantes a casi diez millones de inmigrantes en dos décadas y media», según explicó Costas durante la presentación del 'Informe sobre la realidad migratoria en España' en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). El informe proyecta que España necesitará 2,4 millones de trabajadores adicionales en la próxima década, en su mayoría migrantes.
La Comunitat Valenciana ha experimentado un crecimiento del 29% en su población extranjera en solo tres años, sumando 270.000 nuevos residentes. Actualmente, la provincia de Alicante cuenta con 597.000 extranjeros (29% de su población), mientras que Valencia tiene 582.000 (21%). Los inmigrantes representan ya una quinta parte de la población residente en España, concentrándose principalmente en Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía.
Desafíos administrativos
El presidente del CES señaló que «el verdadero problema» son las 800.000 personas en situación irregular que «no pueden acceder prácticamente ni al empleo ni a casi ningún servicio». Costas denunció la existencia de un mercado «alegal» de citas previas que «dificulta mucho el proceso de la regularización». La vicepresidenta y consellera Susana Camarero advirtió que «los cuellos de botella administrativos» en permisos de trabajo y homologación de títulos «están lastrando el acceso al trabajo».
Llamados a un Pacto de Estado
Vicente Lafuente, presidente de la CEV, subrayó que la inmigración es «un elemento que bien gestionado va a aportar crecimiento y bienestar», pero que «mal gestionado puede generar tensiones sociales y desperdiciar mucho talento». Pidió un Pacto de Estado con políticas públicas «estratégico y basado en evidencias y con objetivos claros de integración y de cohesión social».
Maite Alguacil Marí, doctora en Economía de la Universitat Jaume I, calificó la inmigración como «un fenómeno absolutamente estructural: Están aquí y han venido a quedarse y, además, los necesitamos, dada nuestra estructura demográfica y nuestro tejido productivo».
Susana Camarero reclamó «rigor, responsabilidad y visión de Estado» en la política migratoria, rechazando la improvisación. Defendió «una inmigración regular, ordenada y vinculada a las necesidades reales de nuestro mercado laboral», alertando de que sin un marco regulatorio «claro, previsible y eficaz los efectos positivos se diluyen y aparecen disfunciones».
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
