Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto dos, han iniciado este martes una huelga de tres días contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal. Las organizaciones consideran que los cambios suponen un ataque a la independencia judicial y al Estado de Derecho.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) protagonizan el paro. Solo Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) se han desmarcado de la convocatoria.
El Gobierno mantiene su posición
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, descarta dar marcha atrás y sostiene que las reformas son "imprescindibles" para modernizar la Justicia. En una carta dirigida a las asociaciones, el ministro aseguró que los cambios son necesarios "para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI".
Bolaños argumentó que es preciso actualizar "estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX". El ministro invitó a las asociaciones a "participar y colaborar en este proceso activamente" durante la tramitación parlamentaria.
Temores por la selección ideológica
Las asociaciones alertan del "riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales" que supondrían las reformas. También critican que "se va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación".
Respecto a la reforma de la Fiscalía, las cinco organizaciones advierten de que "se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado". Denuncian que este cargo "seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo" y "sin contrapesos" suficientes.
El CGPJ cuestiona la legalidad
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió por unanimidad que el ejercicio del derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo. El órgano de gobierno de los jueces determinó que "no procede tener por anunciada la convocatoria" ni fijar servicios mínimos.
Pese a esta decisión, fuentes del CGPJ indicaron que no contempla imponer sanciones disciplinarias a quienes participen en la huelga. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también recordó que el Ministerio Público "carece de competencias para fijar servicios mínimos".
Descuentos salariales y futuras medidas
El Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ que habilitase un mecanismo para descontar el salario a quienes no acudan a trabajar durante la huelga. Todo apunta a que podría descontárseles sueldo por los días de paro, como ya ocurrió en 2018.
Las asociaciones han establecido sus propios servicios mínimos "para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía". Además, no descartan ampliar las medidas de protesta en función de "la respuesta institucional y del estado parlamentario de las reformas".
Esta es la sexta huelga de togados en la historia democrática española. Anteriores ministros como Mariano Fernández Bermejo (PSOE), Francisco Caamaño (PSOE), Alberto Ruiz-Gallardón (PP), Rafael Catalá (PP) y Dolores Delgado (PSOE) también enfrentaron medidas similares.
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
