El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogará el lunes a cinco exdirigentes de ETA como investigados por el asesinato del concejal del PP Jesús María Pedrosa Urquiza. El crimen se perpetró el 4 de junio del 2000 en Durango (Vizcaya) cuando la víctima regresaba caminando a su domicilio.
Los citados son Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; Javier García Gaztelu, 'Txapote'; Juan Antonio Olarra, 'Juanvi'; Asier Oyarzabal, 'Baltza', y Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'. Las declaraciones se realizarán por videoconferencia desde el Juzgado Central de Instrucción Número 1.
Suspensión de otros interrogatorios
Los interrogatorios previstos para el martes a otros cinco investigados han sido suspendidos, según fuentes jurídicas. Entre los afectados figuran Ainhoa Múgica, alias 'Olga'; Miguel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; Vicente Goicoechea, 'Willy'; Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo', y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'.
El predecesor de De Jorge, el juez Alejandro Abascal, acordó investigarlos por asesinato en conexidad con coacciones y amenazas terroristas. La decisión se basó en una querella de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que describía a Pedrosa como «una de las numerosas víctimas» de la «política de expulsiones forzadas del País Vasco dirigida por la zuba --el máximo órgano de dirección de ETA-- bajo amenaza de muerte».
Los hechos del asesinato
Un miembro de ETA se acercó por detrás a Pedrosa Urquiza y le disparó en la nuca, causándole la muerte casi instantánea. Un segundo terrorista recogió al autor del atentado en un vehículo y ambos huyeron del lugar sin ser identificados.
Según la investigación, el asesinato formaba parte de una estrategia terrorista más amplia para expulsar del País Vasco a sectores no nacionalistas. Abascal explicaba que el crimen no era solo un asesinato terrorista, sino «además una amplificación y un refuerzo de esa amenaza terrorista, formando parte de esa estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente, hasta el año 2011, y con eso no solo se acaba con la vida de la concreta persona, sino que se alimenta ese clima de amenaza creado con vocación de perdurar durante el tiempo».
Política de expulsiones sistemática
La organización terrorista aplicó desde principios de los años 80 una jerarquía donde el comité ejecutivo asumía todas las funciones directivas. Como indicaba Abascal: «El comité ejecutivo decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado».
Dignidad y Justicia documentó que ETA desarrolló una política de expulsión forzada que afectó a entre 60.000 y 200.000 personas del País Vasco. La asociación defendía que Pedrosa fue «asesinado selectivamente» por su «singular resistencia cívica y heroica de huir de Durango», convirtiéndose su muerte en un «monstruoso crimen instrumental, ejemplificante, lenitivo, para otros a los que se les pudiera ocurrir resistirse».
Fuentes utilizadas: "EuroPress" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
