La Audiencia Nacional sienta en el banquillo desde este lunes al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, junto a sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores. La Fiscalía les acusa de formar una organización criminal que se habría enriquecido ilícitamente durante décadas.
El juicio arranca con una incógnita crítica: una comparecencia previa por videoconferencia determinará si el estado de salud de Pujol, de 95 años, le permite enfrentar los nueve años de prisión que le pide la Fiscalía.
Un informe forense concluyó que el expresidente «no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente». La evaluación médica detalla «un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)». Pujol compareció desde su domicilio en Barcelona tras haber estado hospitalizado hasta el viernes pasado por neumonía.
El tribunal decidirá si archiva su caso individual, lo suspende mientras juzga al resto de acusados, o le permite participar con restricciones.
La defensa solicita su exoneración, argumentando que su deterioro cognitivo es «irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz». Sin embargo, su hijo Oriol declaró a principios de noviembre que su padre quiere ir a juicio y está «suficientemente lúcido».
Las acusaciones y penas solicitadas
La Fiscalía Anticorrupción acusa a la familia Pujol de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles, delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. La pena más alta, 29 años de prisión, la solicita para el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, junto a una multa de más de 6,5 millones de euros. Para el resto de hijos, las peticiones oscilan entre ocho y 17 años de cárcel.
El Ministerio Público reclama además que la familia devuelva más de 45 millones de euros que presuntamente manejó de forma ilícita.
Para los empresarios procesados fuera del clan, la Fiscalía pide entre dos y tres años de prisión por falsedad de documentos y blanqueo, con multas que van desde 200.000 euros hasta ocho millones.
La acusación sostiene que Pujol aprovechó su condición de presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003 para tejer una red de clientelismo, asegurando que empresarios afines a su partido se repartían los sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de administraciones catalanas bajo su control. Según la Fiscalía, la organización acumuló un patrimonio mediante pagos ilícitos de terceros, mayormente vinculados a empresas, a cambio de influencias en adjudicaciones y concesiones.
El expresidente admitió en 2014 tener dinero en el extranjero, pero lo atribuyó a una herencia de su padre Florenci Pujol. Explicó que éste dejó el dinero fuera de España porque temía lo que pudiera ocurrir políticamente. La defensa mantiene esta versión, mientras que la Fiscalía la califica de estrategia «acordada por todos los miembros de la familia».
Una investigación de una década
El juez José de la Mata culminó la investigación en julio de 2020, tras ocho años de pesquisas. En su auto, situó el origen del dinero en pagos ilícitos realizados por empresas que buscaban adjudicaciones públicas, disimulados bajo estructuras societarias. Estas actividades se habrían prolongado más allá de la salida de Pujol del cargo en 2003.
El magistrado concluyó que Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola lideraban la organización. Ferrusola, que se autodenominaba «la madre superiora de la congregación», fue exonerada del proceso en 2021 por demencia severa y falleció en julio de 2024. El hijo mayor actuaba como «el capellán de la parroquia», dirigiendo la estrategia y distribuyendo las cantidades ilícitas entre la familia.
El juicio, que se extenderá hasta mediados de 2026 con 41 sesiones previstas, incluirá la declaración de más de 200 testigos. Un tribunal presidido por el magistrado José Ricardo de Prada determinará en las próximas horas si el expresidente catalán más influyente del siglo XX podrá enfrentar la justicia o si su estado de salud le exonerará de responder ante los tribunales.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
