María Jesús Montero se ha convertido en garante de un nuevo modelo de financiación autonómica pactado previamente con ERC, un movimiento que genera un intenso debate político sobre su posicionamiento respecto a la igualdad territorial que defendió durante años.
La ministra, quien como consejera de Hacienda de Andalucía denunció firmemente los privilegios y reclamó un sistema de financiación multilateral, ahora respalda un modelo que ha sido rechazado por todas las comunidades excepto Cataluña. Incluso gobiernos regionales socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias han expresado su rechazo a esta propuesta.
Del rechazo de asimetrías al respaldo actual
Como consejera de Hacienda, Montero argumentó que Andalucía debía defender la igualdad porque ese principio era su acta de nacimiento autonómica. Rechazó las asimetrías entre territorios y defendió un modelo multilateral de financiación.
El nuevo modelo, a pesar de la garantía de Montero de su carácter voluntario, es criticado por permitir que la excepcionalidad catalana marque su diseño, alejándose del principio de igualdad entre territorios. Oriol Junqueras, de ERC, anunció este nuevo modelo de financiación incluso antes que el propio Gobierno.
El referéndum del 28-F como referencia
La autonomía andaluza, lograda a través del referéndum del 28 de febrero de 1980, se considera un acto fundacional para el actual Estado de las Autonomías, significando la igualdad para todos los españoles. Esta conquista representa precisamente el principio de igualdad territorial que ahora se cuestiona con el nuevo modelo de financiación.
El socialismo andaluz capitalizó esta conquista y mantuvo una hegemonía política durante más de 37 años. El objetivo era crear un país más igualitario frente a un diseño que dividía a los españoles en categorías según su residencia y su riqueza.
Consecuencias políticas anticipadas
El movimiento de Montero se ve como una ruptura con la tradición del PSOE-A y con su propio discurso pasado. Las consecuencias electorales esperadas afectarían no solo a Andalucía sino también a figuras como Pilar Alegría en Aragón, quien debe justificar una reforma territorial que perjudicaría a su región.
El cálculo político podría incluir la posibilidad de que las Cortes Generales no aprueben la reforma como ley. Este escenario convertiría el movimiento de Montero en un sacrificio aún mayor para sostener la legislatura de Pedro Sánchez hasta 2027.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
