El portavoz del Ejecutivo regional murciano, Marcos Ortuño, advirtió este jueves que «la combinación del cierre de acuíferos y la reducción del trasvase Tajo-Segura supondría un golpe sin precedentes para los agricultores y la economía murciana».
Ortuño realizó estas declaraciones en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
El dirigente regional defendió que continuarán «defendiendo los intereses de los murcianos y trabajando junto a los regantes, exigiendo al Ministerio que aporte soluciones y alternativas reales». Ortuño subrayó que «el futuro de nuestra tierra, de la agricultura y el futuro de miles de familias está en juego».
Impacto económico devastador
Un estudio del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante revela datos alarmantes sobre las consecuencias del cierre de acuíferos previsto para 2027. La investigación estima que solo en la Región de Murcia el coste económico ascendería a 680 millones de euros anuales, representando el 82% del impacto total en la cuenca del Segura.
La medida provocaría la destrucción de más de 20.500 empleos a tiempo completo en la región, cifra que representa el 81,2% del impacto total en la cuenca. Además, se perderían 28.700 hectáreas de regadío, equivalentes a algo más del 16,5% de la superficie que actualmente utiliza aguas subterráneas.
Sectores afectados más allá del campo
El impacto trasciende el sector agrícola, afectando también a industrias relacionadas como la agroalimentaria, comercialización y logística. Ortuño calificó la situación como «un golpe directo a la agricultura, que es el motor económico y social de muchas comarcas» y «una amenaza que está a la vuelta de la esquina».
La reconversión de regadío a secano reduciría drásticamente la rentabilidad de las tierras, provocando una notable pérdida de valor patrimonial en las explotaciones agrarias. El dirigente criticó que «se acaba el tiempo y el Gobierno de España no ha hecho nada».
Soluciones propuestas por expertos
El Instituto Universitario del Agua propone el desarrollo de infraestructuras hidráulicas adicionales como alternativa principal. Entre las soluciones figura la conexión del trasvase Júcar-Vinalopó con el Altiplano, iniciativa que el Gobierno murciano ha defendido reiteradamente ante el Ministerio para la Transición Ecológica.
El Altiplano se perfila como una de las comarcas más perjudicadas por el cierre de acuíferos, situación que carece de otras fuentes de suministro. Esta zona se ve especialmente amenazada al combinarse con el previsto recorte del 50% del trasvase Tajo-Segura a partir de 2027.
Dimensión regional del problema
En toda la cuenca del Segura las pérdidas ascenderían a 826 millones de euros anuales y la destrucción de 25.000 puestos de trabajo. La Región de Murcia concentraría la mayor parte de la pérdida de empleos, según confirma el estudio universitario.
El informe presentado por la consejera Sara Rubira detalla que los efectos no se limitarían al sector agrícola, extendiéndose a sectores indirectos asociados. El Gobierno regional ha trasladado reiteradamente al Ministerio la urgencia de buscar alternativas a esta prohibición que considera de «perjuicio irreparable».
Fuentes utilizadas: "Europa Press" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
