Alemania ultima un proyecto de ley para implementar tobilleras electrónicas que vigilen a los agresores de violencia doméstica, siguiendo el modelo español. El Ministerio de Justicia alemán desarrolla una iniciativa que comenzó en enero bajo el gobierno anterior.
Los tribunales de familia podrán obligar a los agresores a llevar un dispositivo de localización en casos de alto riesgo. La ministra de Justicia, la socialdemócrata Stefanie Hubig, declaró que «nuestro Estado debe hacer más contra la violencia doméstica» y «debemos proteger mejor a las mujeres en particular».
Sistema de alerta automática
Cuando el agresor se acerque, la víctima recibirá una alerta a través de un dispositivo receptor y «puede ponerse a salvo o buscar ayuda a tiempo», según el documento al que tuvo acceso DPA. La Policía también será alertada automáticamente de la proximidad del agresor.
Los jueces podrán ordenar el uso del grillete por un máximo de seis meses inicialmente. Se podrá prorrogar por períodos de tres meses si la víctima lo solicita y el juez considera que persiste el peligro.
Cifras alarmantes de violencia
Hubig subrayó la urgencia del problema: «Cada unos pocos minutos, una mujer es agredida por su pareja o expareja en Alemania. Casi cada dos días, un hombre mata a su pareja o expareja». La ministra insistió en que «no debemos acostumbrarnos a esta violencia brutal».
Más de 250.000 personas fueron víctimas de violencia doméstica en Alemania en 2023, según la Oficina Federal de Investigación Criminal. Según el periódico Welt am Sonntag, en 2024 se alcanzó un récord con 265.942 personas afectadas.
Modelo español exitoso
Los planes alemanes se basan en el sistema español, donde no se ha producido ninguna muerte de víctimas relacionada tras la introducción del grillete electrónico para agresores en 2009. El proyecto alemán establece que la vigilancia electrónica «puede contribuir, en casos concretos, a evitar homicidios o lesiones graves».
El Ministerio también propone que los tribunales puedan obligar a los agresores a asistir a cursos contra la violencia y solicitar información del registro de armas. Además, se aumentará la pena por infringir la Ley de protección contra la violencia de dos a tres años de cárcel.
Fuentes utilizadas: "DPA" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
