Greenpeace Internacional ha demandado este miércoles a la petrolera estadounidense Energy Transfer desde Países Bajos, donde tiene su sede. La acción legal responde a una condena previa que obliga a Greenpeace USA y Greenpeace Internacional a pagar más de 660 millones de dólares en daños y perjuicios al gigante de los oleoductos.
La condena se produjo tras las protestas contra el oleoducto Dakota Access en Dakota del Norte (EEUU). Un jurado estadounidense falló a favor de Energy Transfer después de que la compañía presentara una demanda estratégica contra la participación pública (SLAPP) contra las organizaciones ecologistas.
Protestas indígenas de 2016
La ONG explica que el proceso, que continúa su curso, proviene de una demanda intimidatoria que Energy Transfer le impuso "tras mostrar su solidaridad con las protestas pacíficas lideradas por indígenas en 2016 contra el oleoducto". Estas demandas SLAPP son acciones infundadas presentadas por poderosas empresas que buscan suprimir el debate público.
Greenpeace Internacional argumenta que, al ser una organización con sede en Países Bajos, se aplican tanto la legislación neerlandesa como la de la Unión Europea. Los daños causados por la demanda de Energy Transfer en Estados Unidos se están produciendo en territorio europeo.
Ataque a la libertad de expresión
El director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Mads Flarup Christensen, ha calificado la acción de Energy Transfer como un "ataque" al derecho a protestar y "un ataque a la libertad de expresión de todos". "Aquí está en juego algo absolutamente vital: la capacidad de las personas para exigir responsabilidades a las empresas contaminantes por la devastación que están causando", ha advertido.
Activistas de Greenpeace International y sus aliados se manifestaron frente al juzgado de Ámsterdam durante la primera vista procesal del caso. Desplegaron una gran pancarta en inglés que rezaba: "ENERGY TRANSFER, BIENVENIDOS A LA UE, DONDE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SIGUE EXISTIENDO".
Coalición europea contra demandas SLAPP
De manera paralela, 40 organizaciones de 15 países europeos instan a sus respectivos gobiernos a transponer la directiva europea "anti-SLAPP" al derecho nacional. Los países tienen de plazo hasta el 7 de mayo de 2026 para implementar esta normativa.
Entre las organizaciones participantes se encuentran Greenpeace España, Greenpeace Belgium, Greenpeace Luxembourg, Greenpeace Romania, Greenpeace Sweden, el European Environmental Bureau y ClientEarth. También forman parte The trade union of Journalists in Croatia, Za Zemiata, Bulgarian Biodiversity Foundation, Rettet den Regenwald, European Federation of Journalists, Asociatia EcoLegal y Free Press Unlimited.
Amplio respaldo internacional
La coalición incluye además Index on Censorship, Global Climate Legal Defense, AEJ-Bulgaria, Belgium Anti-SLAPP Working Group, Polish Anti-SLAPP Working Group, FIBGAR - Baltasar Garzon International Foundation y Foundation Atelier for Community Transformation ACT BiH. Completan la lista CeRe - The Resource Center for Public Participation, Oil Change International, Civic Initiatives, ARTICLE 19 Europe, Xnet - Institute for Democratic Digitalisation y Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.
También participan Global Witness, FragDenStaat, Reporter ohne Grenzen, Center for Spatial Justice, FADA Collective, dju - German Union of Journalists, Fridays for Future Germany, CASE, Samen Sterk! vzw, Erfpacht vzw, Legally Green, Bankwatch Romania y Grad Recht. Esta amplia coalición refleja la preocupación europea por las demandas intimidatorias que buscan silenciar a organizaciones de la sociedad civil.
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
