La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, pidió este jueves la absolución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el juicio por presunta revelación de secretos. Sin embargo, en ese mismo informe final expresó su «muy preocupada» por el uso de información obtenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante los registros realizados el pasado 30 de octubre.
García Ortiz se enfrenta a una petición de hasta seis años de prisión, 12 años de inhabilitación y el pago de más de 400.000 euros. Las acusaciones sostienen que reveló información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Sánchez Conde defendió que González Amador «ha recibido el mismo trato que cualquier ciudadano». Argumentó que el Ministerio Fiscal no tuvo «ninguna actuación impropia o improcedente con este ciudadano» y que su abogado fue informado de la denuncia antes de que se abriera formalmente una causa.
Preocupación por excesos de la UCO
La teniente fiscal mostró especial inquietud por la segunda copia de información realizada en el despacho de la entonces fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que permanece en posesión de la UCO. «Esta Fiscalía está muy preocupada por el uso de la información que se ha obtenido, sobre todo del despacho de la fiscal jefe Provincial de Madrid, en la que se hizo una segunda copia, que está en posesión de la UCO», declaró.
La UCO volcó toda la información de dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, ordenadores y cuentas de correo sin respetar los límites temporales establecidos inicialmente por el magistrado instructor, que fijó el periodo entre el 8 de marzo y el 30 de octubre. La unidad justificó este exceso alegando imposibilidad técnica, aunque posteriormente solo utilizó datos del 8 al 14 de marzo de 2024 en su análisis.
Por ello, Sánchez Conde solicitó al Supremo que «ordene el reintegro de esa información, o bien a la Fiscalía, o bien ordene su destrucción».
Críticas al juez instructor
La representante de la Fiscalía cargó duramente contra el juez instructor del caso, Ángel Hurtado, calificando de «poco comprensible» su decisión de ampliar el objeto del proceso. Según Sánchez Conde, el magistrado «extendió el objeto del proceso en contra del acotamiento de la Sala de Admisiones», que había rechazado la naturaleza delictiva de la nota de prensa y limitado la investigación únicamente a la filtración previa.
La fiscal también destacó que periodistas recibieron el correo electrónico «con anterioridad a que el fiscal general lo hubiera recibido», un dato clave en la cronología de los hechos investigados.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
