El Partido Popular (PP) defenderá este martes en la Comisión Constitucional del Congreso una proposición no de ley para certificar que la Ley de Amnistía fue aprobada como «trueque político». Según Europa Press, la iniciativa busca que la Cámara reconozca que la norma no respondió a razones de «convivencia o reconciliación», sino como «contraprestación política» para garantizar la investidura de Pedro Sánchez (PSOE).
El debate se produce cuando el Tribunal Constitucional prevé retomar esta semana el examen de la ley con nuevas sentencias. Los magistrados aplicarán su doctrina inicial y realizarán un primer análisis sobre el encaje del delito de malversación.
Las críticas europeas
Bruselas advirtió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la ley no respondía a un interés general reconocido. Según Europa Press, las instituciones europeas consideraron que buscaba garantizar «la impunidad de actores políticos específicos».
Las alegaciones europeas criticaron también la tramitación de urgencia, realizada sin consulta pública ni informes independientes. Esto supuestamente vulneró principios básicos del Estado de Derecho como la separación de poderes y la independencia judicial.
Junts reconoce su autoría
El diputado de Junts Josep Pagés afirmó en la Comisión Constitucional que «la redacción actual de la ley de amnistía se tiene que imputar a Junts per Catalunya»: «Somos los responsables de que la redacción sea la que es». La proposición del PP recoge estas declaraciones como prueba de la autoría de la formación independentista.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, admitió en junio haber participado en la redacción de la norma. Por su parte, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declaró ante el Tribunal Supremo que negoció la amnistía con Carles Puigdemont como «moneda de cambio esencial» para la investidura.
El cambio socialista
La iniciativa recuerda que dirigentes socialistas rechazaron anteriormente la amnistía. El propio Sánchez afirmó en 2022 que «no entra en la legislación ni en la Constitución española», mientras que la exvicepresidenta Carmen Calvo sostuvo en 2019 que estaba «absolutamente prohibida en nuestra Constitución y en todas las democracias».
Para el PP, estos testimonios demuestran que la aprobación respondió exclusivamente a necesidades parlamentarias del Ejecutivo. «Un Gobierno sustentado en una mayoría parlamentaria coyuntural se otorgó a sí mismo y a sus aliados una amnistía a la medida de sus necesidades», recoge la exposición de motivos.
Segunda proposición
En otra proposición no de ley aún sin fecha para el Pleno, el PP denuncia una «mutación constitucional encubierta» hacia un Estado confederal. Según Europa Press, los populares consideran que el Gobierno ha iniciado este proceso desde la llegada de Sánchez a la Presidencia.
El texto sostiene que tras la derrota del terrorismo de ETA y del «golpe institucional» del independentismo catalán en 2017, el Ejecutivo «ha decidido dar una segunda oportunidad política tanto a los herederos del brazo político de ETA como a los responsables del golpe de Estado en Cataluña». Los populares acusan al Gobierno de buscar «sustituir la España de ciudadanos libres e iguales por una España fragmentada en base a agravios identitarios, privilegios fiscales, desigualdades económicas y cesiones políticas de todo tipo».
Para el Partido Popular, «si la Transición fue una reforma legítima --de la dictadura a la democracia--, el sanchismo representa una mutación ilegítima --de una democracia plena hacia una democracia fallida--».
Fuentes utilizadas: "Europa Press" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
