El Tribunal Supremo de Filipinas ha declarado anticonstitucional la solicitud de juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte presentada por la cámara baja del Congreso. La corte ha determinado que el proceso incumple los plazos establecidos en la Constitución del país.
La decisión judicial aplaza cualquier nuevo procedimiento de destitución hasta febrero de 2026 como mínimo. El tribunal ha explicado que la denuncia no respetaba la regla constitucional que establece que solo se puede iniciar un procedimiento de juicio político contra el mismo funcionario una vez al año.
Cuatro solicitudes en doce meses
Sara Duterte acumula ya cuatro solicitudes de juicio político en los últimos doce meses. Tres de ellas fueron presentadas por grupos de la sociedad civil, opositores y religiosos, mientras que la cuarta provino de la cámara baja del Congreso.
Todas las denuncias acusan a la vicepresidenta de corrupción, apropiación indebida de fondos públicos y conspiración para ejecutar un magnicidio. Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, ha negado categóricamente haber cometido cualquier tipo de irregularidad.
Persecución política según Duterte
La vicepresidenta asegura que se trata de una persecución política como castigo por sus fuertes discrepancias con el presidente Ferdinand Marcos Jr. Duterte acusa a su antiguo aliado de haberla "estafado" cuando le propuso ser su compañera de fórmula en las elecciones de 2022.
La tensión entre ambos dirigentes ha escalado hasta el punto de que Duterte ha llegado a amenazar de muerte al presidente. La vicepresidenta denuncia que está siendo víctima de un complot para asesinarla y que existe la contratación de un supuesto sicario para acabar con su vida.
Decisión no absuelve a Duterte
El Tribunal Supremo ha advertido que su decisión "no absuelve a Duterte de ninguno de los cargos" presentados en su contra. La sentencia únicamente establece que cualquier nuevo proceso para su destitución "solo podrá ser presentado, de conformidad con esta decisión, a partir del 6 de febrero de 2026".
La resolución judicial pone fin temporalmente a la crisis política que atraviesa Filipinas por el enfrentamiento entre los dos máximos dirigentes del país. Sin embargo, las acusaciones contra la vicepresidenta permanecen vigentes para futuras iniciativas legales.
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
