El Ministerio de Trabajo ha cerrado las negociaciones con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme sobre la ampliación de los permisos por fallecimiento y avanzará únicamente con los sindicatos. La decisión, que las patronales califican como ruptura del diálogo social, marca un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y los empresarios en materia laboral.
La propuesta del Ministerio, anunciada hace un mes por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, contempla ampliar el permiso por fallecimiento a 10 días retribuidos. Además, plantea crear dos nuevos permisos: uno para atender a personas cercanas en cuidados paliativos y otro para acompañar a un familiar en proceso de eutanasia.
Las organizaciones empresariales han emitido un comunicado este miércoles en el que lamentan «que no se haya seguido un cauce adecuado de negociación». CEOE y Cepyme rechazan la propuesta de forma rotunda: «Las organizaciones empresariales no podemos asumir la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre permisos en ninguno de sus extremos, como ya planteamos en un documento de consideraciones técnicas y de propuestas de mejora que le remitimos el 11 de noviembre, en nuestro ánimo de mantener un diálogo constructivo».
Esta era apenas la segunda reunión sobre estos permisos específicos. Las patronales argumentan que la regulación aprobada hace dos años generó «un uso inadecuado de los permisos contribuyendo al repunte del absentismo». También cuestionan aspectos técnicos como la acumulación de días con convenios colectivos y denuncian que el coste de estas políticas públicas de cuidados recaería sobre las empresas.
Dura respuesta del Ministerio
El Ministerio de Trabajo interpreta el documento empresarial del 11 de noviembre como un rechazo frontal y un intento de revertir las ampliaciones de permisos de 2023. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha expresado su «profunda decepción» con los representantes empresariales.
Pérez Rey denuncia una postura política de las patronales: «Cómo se puede decir no a todo alegando exclusivamente que las empresas no pueden soportar más cuando están en récord de beneficios, esta es una posición política que nada tiene que ver con el diálogo social, obstrucción permanente a los resultados y al avance en materia de derechos sociales».
El episodio repite un patrón reciente. Hace una semana, el Ministerio ya cerró las negociaciones sobre la Ley de Prevención de Riesgos únicamente con los sindicatos, tras 20 meses de conversaciones infructuosas con los empresarios. El Gobierno defiende su obligación de gobernar pese a la falta de consenso con CEOE y Cepyme.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
