Los estados miembros de la Unión Europea aprobaron este viernes "poderes de emergencia" que permiten congelar de forma permanente 210.000 millones de euros en activos rusos alojados en el bloque. La decisión, adoptada con 25 votos a favor y dos en contra, elimina el requisito de renovación semestral de las sanciones y sienta las bases para un posible préstamo de reparación a Ucrania de 90.000 millones de euros.
El mecanismo se basa en el artículo 122 de los Tratados de la UE y permite a la Comisión Europea bloquear los fondos hasta que, según el texto legal, «Rusia cese su guerra de agresión y proporcione reparaciones a Ucrania». El Ejecutivo comunitario justificó los poderes excepcionales «por la necesidad de preservar la estabilidad económica de la UE», citando el «grave impacto económico» de la guerra, que incluye «graves interrupciones del suministro, mayor incertidumbre, aumento de las primas de riesgo, disminución de la inversión y del gasto de los consumidores» y «ataques híbridos» como incursiones de drones.
La decisión esquiva las renovaciones semestrales que requerían unanimidad y que países prorrusos como Hungría o Eslovaquia podían bloquear. De los 210.000 millones congelados, aproximadamente 185.000 millones están depositados en Euroclear, la entidad belga de valores, mientras que 25.000 millones permanecen en bancos privados de la UE.
Demanda rusa y reacciones políticas
El Banco Central de Rusia anunció este viernes una demanda contra Euroclear ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú «para recuperar las pérdidas causadas por el manejo de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa». El banco central ruso calificó los planes de la Comisión como «ilegales» y declaró que «se reserva el derecho de llevar, sin previo aviso, a la práctica todos los mecanismos legales [...] para proteger sus intereses».
Valdis Dombrovskis, comisario económico, respondió afirmando que todas las entidades europeas están «plenamente protegidas» legalmente. El gobierno de Viktor Orbán publicó un comunicado denunciando la decisión como «sin precedentes» y tomada «sobre una base legal incorrecta» para «eludir» la unanimidad, criticando el carácter «indefinida» de una medida concebida como «temporal».
Bélgica, Malta, Bulgaria e Italia firmaron una declaración aclarando que la inmovilización «no prejuzga en ninguna circunstancia la decisión sobre el posible uso de activos rusos inmovilizados que debe adoptarse a nivel de líderes». Líderes de siete países europeos, incluidos Irlanda, Polonia y Lituania, defendieron en una carta a António Costa y Ursula von der Leyen el uso de los fondos como la solución «más viable» financieramente y «más realista» políticamente.
Obstáculo belga y próximos pasos
El primer ministro belga, Bart De Wever, mantiene bloqueada la propuesta final por temor a represalias de Moscú. Bélgica exige la mutualización completa de riesgos entre todos los estados miembros, garantías de liquidez para Euroclear si los activos se liberan prematuramente, y un reparto total de la carga financiera que abarque tanto los 185.000 millones en Euroclear como los 25.000 millones en bancos privados europeos.
António Costa, presidente del Consejo Europeo, afirmó esta semana ver el acuerdo «muy cerca» y espera su confirmación en la cumbre de líderes del 18 de diciembre. El préstamo propuesto de 90.000 millones cubriría las necesidades militares de Ucrania en 2026 y 2027, y solo requeriría reembolso si Rusia cesa la guerra y compensa económicamente a Ucrania. Ursula von der Leyen señaló que la propuesta podría aprobarse con «mayoría cualificada», incluso sin el pleno respaldo de Bélgica.
Los países de la UE trabajan intensamente a nivel técnico y político para proporcionar las garantías necesarias que podrían cambiar la posición belga respecto al uso completo de los activos para el préstamo de reparación.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
