Catalunya pasaría del quinto al primer puesto en financiación per cápita entre las 15 comunidades autónomas de régimen común, según el nuevo modelo de financiación propuesto por el Ministerio de Hacienda. El cambio situaría a la comunidad catalana en 4.399 euros por habitante, frente a los 3.822 euros actuales, lo que representa un incremento de 577 euros por persona.
El nuevo sistema beneficiaría especialmente a tres comunidades. La Región de Murcia encabezaría los aumentos per cápita con 749 euros adicionales por habitante, seguida por la Comunidad Valenciana con 676 euros y Castilla-La Mancha con 587 euros. La Rioja se situaría en segundo lugar en el ranking general con 4.350 euros per cápita, mientras que Cantabria alcanzaría los 4.281 euros.
En términos absolutos, Andalucía recibiría más recursos que Catalunya. La comunidad andaluza obtendría 4.846 millones de euros adicionales frente a los 4.686 millones de Catalunya, aunque estos fondos se repartirían entre una población mayor: 8,6 millones de habitantes en Andalucía frente a 8,1 millones en Catalunya.
Oposición política al modelo
El modelo enfrenta resistencias significativas. Dos comunidades gobernadas por el PP, Murcia y la Comunidad Valenciana, junto con Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page, expresarían su rechazo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ejecutivo de Cantabria calificó directamente el sistema propuesto como «infumable».
La ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, defendió el planteamiento del gobierno. Señaló que «es incongruente bajar los impuestos y luego pedir dinero» y argumentó que «hay que beneficiar más a quien asume un mayor riesgo político». Las críticas apuntan especialmente a la Comunidad de Madrid, que recibiría menos financiación por haber reducido su presión fiscal.
Cambios técnicos del sistema
El nuevo modelo modifica las variables para calcular la "población ajustada", clave en la distribución de fondos. El Ministerio amplía la variable "población equivalente protegida" de 7 a 20 grupos de edad e introduce nuevas variables como estudiantes universitarios y desplazados, que benefician particularmente a Catalunya. El sistema también incorpora una variable de servicios sociales que considera mayores y desempleados sin prestaciones.
El gobierno ha reservado cerca de 21.000 millones de euros para garantizar que ninguna comunidad pierda recursos. Sin embargo, Cantabria y Extremadura no obtendrían ganancias adicionales bajo el nuevo esquema. El Ministerio justificó estos ajustes por «las dificultades de algunas comunidades autónomas para alcanzar economías de escala debido a su escasa población».
Requisitos para la aprobación
El sistema necesita una mayoría absoluta en el Congreso para modificar la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas. Actualmente no existe una mayoría viable para su aprobación, lo que sitúa al PSOE y al PP, que representan aproximadamente el 75% de la soberanía popular en el Congreso de los Diputados, ante la necesidad de alcanzar un acuerdo. El modelo también requiere el respaldo del ERC, partido que priorizó el principio de ordinalidad: recibir más si se aporta más.
Montero reconoció que Andalucía y la Comunidad Valenciana han estado infrafinanciadas «por lo que se dejó de ingresar a partir de 2013» debido a defectos del sistema anterior. El nuevo planteamiento busca corregir estas distorsiones que se han mantenido durante diez años.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
