El 'caso Koldo' vive este jueves dos desarrollos judiciales cruciales. Juanfran Serrano, diputado del PSOE y antiguo "número dos" de Santos Cerdán, declara desde las 10:00 ante la comisión de investigación del Senado. Al mismo tiempo, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo decide sobre el recurso de José Luis Ábalos, que puede perder su sueldo parlamentario de 5.315 euros mensuales y su derecho a voto si se confirma su procesamiento.
La comparecencia de Serrano se produce días después de que Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, saliera de prisión tras casi cinco meses de detención. Mientras tanto, el ex ministro de Transportes Ábalos y su ex asesor Koldo García permanecen encarcelados por su presunta vinculación a un esquema de mordidas en contratos de obra pública.
La citación de Serrano fue propuesta por el PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado. Un informe de la UCO entregado al Tribunal Supremo señaló que Cerdán, como secretario de Organización del PSOE, habría gestionado pagos presuntamente irregulares a Ábalos y García procedentes de contratos de obra pública amañados. Serrano expresó en la red social X su shock tras conocerse el contenido del informe: «en shock, triste y con mucho dolor». Agregó que la descripción de la Guardia Civil «no se corresponde con el Santos Cerdán» con quien trabajó «durante estos últimos tres años».
Ábalos enfrenta pérdida de privilegios
La Sala de Apelaciones del Alto Tribunal delibera este jueves sobre el recurso presentado por Ábalos contra el auto de procesamiento por presuntos delitos de malversación, cohecho y tráfico de influencias relacionados con contratos de material sanitario. El ex ministro ingresó en prisión preventiva el jueves pasado en Soto del Real, Madrid.
Si la Sala confirma el procesamiento, el Congreso de los Diputados activará automáticamente los mecanismos para suspender su salario mensual y su derecho a voto en la Cámara Baja, según establece el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso para parlamentarios que se encuentren «en situación de prisión preventiva». A pesar de perder estos privilegios, Ábalos conservará su acta de diputado en el Grupo Mixto salvo que renuncie voluntariamente o recaiga sentencia definitiva contra él. El juez instructor destacó el «estupor social» que genera que diputados mantengan sus escaños mientras enfrentan acusaciones graves de corrupción.
El esquema presunto
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19,5 años para Koldo García y 7 años para el comisionista Víctor de Aldama. El caso se centra en contratos de material sanitario otorgados a la empresa Soluciones de Gestión por un valor de hasta 53 millones de euros.
Según la acusación fiscal, Ábalos, Aldama y García habrían formado un "triángulo presuntamente delictivo" poco después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. La Fiscalía detalla: «El 4 de febrero de 2019 acompañó al ministro Ábalos y a su asesor Koldo García a un viaje a México, que tenía por objeto la promoción de los intereses de empresas españolas en licitaciones públicas de este país [...] pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un común beneficio económico». Entre los presuntos beneficios ilícitos figura la entrega de dinero en efectivo a Ábalos, así como una vivienda de vacaciones en Cádiz y un apartamento en la Plaza de España de Madrid para Jésica Rodríguez, señalada como "amante" de Ábalos. La Fiscalía también acusa a Ábalos de usar su influencia para colocar a Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsa, dependientes del Ministerio de Transportes.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
