Los gobiernos europeos han vuelto a frenar este viernes la petición española para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea. Las dudas legales y financieras sin resolver sobre el impacto de esta reforma han motivado el rechazo, a pesar de que España sostiene haber respondido ya a "todas las dudas" de sus socios.
El debate de algo menos de una hora en el Consejo de Asuntos Generales celebrado en Bruselas ha sido el séptimo rechazo desde que España puso la propuesta sobre la mesa en 2023. Al menos una decena de países mantienen su oposición, junto con las reservas de los servicios legales del Consejo.
Tensión en el debate europeo
La discusión ha sido por momentos tensa, según fuentes europeas. Países como Alemania consideran que la reforma en los términos planteados por España no es compatible con los Tratados, una opinión que comparten los servicios legales del Consejo.
"Es un asunto muy sensible y simbólico y esa es la razón por la cual la presidencia danesa va a tratar este tema en un diálogo continuo con los Estados miembro, con gran cautela", ha informado la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre. La ministra ha añadido que "sigue habiendo muchas dudas presupuestarias, legales".
España no logra la votación
Aunque España sugirió someter la cuestión a votación este viernes, la presidencia de turno de la UE, que ejerce Dinamarca, avisó de que no contemplaba tal posibilidad. Las dudas persisten para un asunto que requiere unanimidad para salir adelante.
Varios ministros expresaron sus reservas antes del comienzo de la reunión, advirtiendo que era demasiado pronto para tomar decisiones ante la falta de evaluaciones de impacto. Las mismas reservas mostradas públicamente por representantes de Polonia o Austria fueron repetidas en el debate a puerta cerrada.
Antecedentes del conflicto lingüístico
Desde que el Gobierno pactó con Junts en agosto de 2023 defender la oficialidad del catalán en la UE como condición para la investidura de Pedro Sánchez (PSOE), el asunto se había incluido en la agenda de otras seis reuniones del Consejo. Cuatro fueron bajo la presidencia española, una con Bélgica y otra con Polonia.
El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha pedido a sus socios europeos "no secuestrar o retrasar innecesariamente" la propuesta. Ha defendido que el Gobierno ha presentado informes solventes y que siempre están abiertos al "diálogo".
Rechazo a nuevos informes
Preguntado sobre por qué España no solicita los informes legales y presupuestarios que reclaman algunos socios, Sampedro ha sido tajante: "que los pidan ellos". Ha argumentado que la Comisión Europea ya presentó una estimación en 2023 que calcula un coste de 132 millones anuales.
"Nosotros estamos a favor de que pueda haber la mayor claridad y transparencia", ha continuado Sampedro. Ha defendido que España está "dispuesta a cubrir todos los costes" y que la petición no tendrá "ningún impacto" sobre el resto de socios de la UE.
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
